Para que un acto administrativo sea válido y pueda producir efectos jurídicos, debe cumplir ciertos requisitos. Estos requisitos son:
- Competencia: La administración debe estar facultada legalmente para realizar el acto. La competencia puede ser orgánica, funcional o jerárquica.
- Finalidad: El acto debe perseguir una finalidad legítima y lícita. No puede contravenir los derechos fundamentales de las personas.
- Forma: El acto debe tener la forma prescrita por la ley.
- Motivación: El acto debe motivarse en los hechos y en las normas jurídicas que lo sustentan. La motivación puede ser explícita o implícita.
- Publicidad: El acto debe ser público. La publicidad tiene como finalidad que las personas afectadas por el acto puedan conocerlo y ejercitar su derecho de defensa.
- Presunción de legitimidad: Se presume que el acto es legítimo y válido. La carga de la prueba para destruir esta presunción corresponde a la persona que alega que el acto es ilegítimo o inválido.
Los actos administrativos que cumplen con estos requisitos producen efectos jurídicos a partir de su notificación. La notificación es el acto por el cual la administración pone en conocimiento de la persona afectada el acto administrativo. A partir de la notificación, la persona afectada puede ejercitar su derecho de defensa y recurrir el acto ante la administración o ante los tribunales.