La justicia gratuita es un derecho humano fundamental que todas las personas tienen, sin importar su situación económica. En muchos países, este derecho se encuentra consagrado en la Constitución o en tratados internacionales de derechos humanos. No obstante, para que este derecho se haga efectivo, es necesario que existan una serie de requisitos previos que permitan el acceso a la justicia a todas las personas, de manera igualitaria.
En primer lugar, es necesario que el Estado garantice el acceso a la justicia a todos los ciudadanos, independientemente de su situación económica. Para ello, el Estado debe proveer de los medios necesarios para que todas las personas puedan acceder a los recursos jurídicos a su alcance. En segundo lugar, el derecho a la justicia gratuita debe ser igual para todas las personas, sin discriminación alguna. Esto significa que el acceso a los recursos jurídicos debe ser universal, es decir, que todas las personas deben tener el mismo trato ante la ley.
Por último, el derecho a la justicia gratuita debe ser efectivo. Esto significa que las personas que no puedan costear los servicios de un abogado o los gastos de un juicio, deben tener acceso a un defensor público. Asimismo, las personas que se encuentren en situaación de vulnerabilidad deben tener acceso a una asistencia jurídica gratuita adecuada a sus necesidades. En resumen, el derecho a la justicia gratuita es un derecho fundamental que todas las personas deben tener acceso, de manera igualitaria.