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La Ley de Segunda Oportunidad, aprobada en 2015, tiene como objetivo facilitar el acceso a la reestructuración de deudas a aquellas personas físicas (no empresas) que se encuentren en una situación de insolvencia y no dispongan de los medios suficientes para hacer frente a sus obligaciones.

Para poder acceder a los beneficios de la Ley de Segunda Oportunidad, es necesario que el solicitante cumpla una serie de requisitos:

• Ser persona física.
• Estar en situación de insolvencia, es decir, que la suma de sus deudas sea superior a sus activos.
• No haber sido objeto de una declaración de concurso de acreedores en los cinco años anteriores a la solicitud.
• No haber sido condenado por un delito cometido con finalidad especulativa o de agiotaje.
• No haber sido condenado por un delito contra la Hacienda Pública.
• No haber sido condenado por un delito de blanqueo de capitales.

Una vez que se cumplen estos requisitos, el solicitante deberá seguir unos pasos para acceder a la reestructuración de deudas:

1. Solicitar la declaración de concurso de acreedores voluntario ante el Juzgado de lo Mercantil.
2. Nombrar un administrador concursal.
3. Comunicar la solicitud de concurso y el nombramiento del administrador al Servicio de Administración Tributaria y a la Seguridad Social.
4. Elaborar un informe sobre la situación del deudor y presentarlo ante el Juzgado de lo Mercantil.

Una vez que se haya declarado el concurso de acreedores, se abrirá un periodo de exclusión de créditos de un año, durante el cual los acreedores no podrán ejecutar las deudas contraídas por el deudor. Durante este periodo, el deudor deberá presentar un plan de pagos aceptado por la mayoría de acreedores que le permita hacer frente a sus deudas en un plazo máximo de cinco años.

Si el plan de pagos es aceptado, se abrirá un periodo de gracia de dos años en el que el deudor no podrá ser embargado ni ejecutado por sus acreedores. Una vez que finalice este periodo, el deudor deberá hacer frente a sus deudas conforme al plan de pagos aprobado.