requisitos ley de dependencia canarias
La Ley de dependencia en Canarias se aprobó en 2007 y se desarrolló a través de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Servicios Sociales. Esta ley tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas en situación de dependencia, así como de sus familiares y cuidadores, a través de la prestación de servicios sociales específicos. La ley se aplica a todas las personas mayores de 65 años o con discapacidad que no puedan realizar las actividades básicas de la vida diaria, como son la alimentación, la higiene, el vestido o el descanso.
La ley reconoce tres grados de dependencia: leve, moderada y grave. En función del grado de dependencia, se establecen unos requisitos para acceder a la prestación económica y a los servicios sociales específicos. Asimismo, se establecen unos mecanismos de financiación para hacer frente a los gastos que supone la atención a las personas en situación de dependencia.
Para acceder a la prestación económica, la persona solicitante debe acreditar que se encuentra en situación de dependencia, mediante el dictamen emitido por el Equipo de Valoración de Dependencia (EVD). El EVD es un equipo multidisciplinar, integrado por profesionales de la salud y de los servicios sociales, que valora el grado de dependencia de las personas mayores o con discapacidad. Para ello, se realiza una evaluación global de la situación de la persona, teniendo en cuenta sus necesidades básicas, su entorno social y familiar, así como el grado de autonomía funcional.
Una vez acreditada la situación de dependencia, se procede a la concesión de la prestación económica. La prestación económica es una ayuda mensual que va destinada a cubrir los gastos derivados de la atención a las personas en situación de dependencia. La cuantía de la prestación se establece en función del grado de dependencia, siendo de hasta 1.050 euros mensuales para las personas en situación de dependencia grave, de hasta 700 euros para las personas en situación de dependencia moderada y de hasta 350 euros para las personas en situación de dependencia leve.
Además de la prestación económica, las personas en situación de dependencia tienen derecho a acceder a los servicios sociales específicos. Los servicios sociales específicos son aquellos servicios que se prestan a las personas en situación de dependencia para mejorar su calidad de vida y la de sus familiares y cuidadores. Entre estos servicios, se encuentran el apoyo a domicilio, el acompañamiento, la ayuda en el hogar, el transporte, la teleasistencia o el resguardo en instituciones. La prestación de estos servicios está sujeta a unos requisitos, que dependen del grado de dependencia, del entorno social y familiar de la persona, así como de sus necesidades específicas.