La justicia gratuita es un derecho humano fundamental previsto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en numerosos tratados y convenciones internacionales de derechos humanos. Este derecho se encuentra también consagrado en la Constitución y en la ley de muchos países. Se trata del derecho de toda persona a acceder a la justicia sin tener que pagar por ello. En otras palabras, el derecho a la justicia gratuita es el derecho de toda persona a obtener la tutela de un juez u otro órgano estatal competente cuando considere que su derecho ha sido violado, y sin tener que pagar por ello.
Aunque el derecho a la justicia gratuita es un derecho fundamental, en la práctica este derecho a menudo no se respeta. Muchas personas, especialmente las personas de bajos ingresos, no tienen acceso a la justicia debido a que no pueden pagar los costos asociados con el acceso a los tribunales y a los servicios de abogados. En muchos casos, las personas que no pueden pagar los costos asociados con el acceso a la justicia renuncian a sus derechos y no buscan reparación por las violaciones de sus derechos. Esto es especialmente preocupante en el contexto de violaciones de derechos humanos, como la tortura, la detención arbitraria y el asesinato, que a menudo quedan impunes debido a la falta de acceso a la justicia.
El derecho a la justicia gratuita es especialmente importante para las víctimas de violaciones de derechos humanos, que a menudo no tienen los medios económicos para buscar reparación por los daños sufridos. Sin embargo, el derecho a la justicia gratuita no se limita a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Todas las personas tienen derecho a acceder a la justicia sin tener que pagar por ello. Esto significa que todas las personas tienen derecho a buscar reparación por las violaciones de sus derechos, ya sean derechos civiles, como el derecho a la vida, la libertad y la seguridad, o derechos humanos, como el derecho a la igualdad, el derecho a la privacidad y el derecho a la libertad de expresión.