La legítima defensa es un derecho reconocido por nuestro ordenamiento jurídico, que nos permite repeler una agresión ilegítima con la fuerza necesaria para hacer cesar dicha agresión, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos.
En primer lugar, la agresión debe ser ilegítima. Es decir, que el ataque venga de parte de alguien que no tenga derecho a hacernos daño. Si la agresión proviene de un agente del Estado, como un policía, por ejemplo, la legítima defensa no es admisible.
En segundo lugar, la reacción debe ser necesaria. Es decir, que debemos emplear solo la fuerza necesaria para repeler el ataque, y que esta fuerza no sea desproporcionada en relación al daño que la agresión pueda causarnos.
Y en tercer lugar, la reacción debe ser inmediata. Es decir, que no podemos esperar a que la agresión cese para actuar, sino que debemos actuar de forma inmediata para evitar que se produzca un mayor daño.
Si se cumplen estos tres requisitos, entonces estaremos actuando en legítima defensa, y no será penalmente relevante.