requisitos de justicia gratuita
La justicia gratuita es un principio fundamental del derecho, que se consagra en diversos tratados internacionales de derechos humanos y en la Constitución y la ley de muchos países. Este principio establece que toda persona tiene derecho a un recurso imparcial y efectivo ante los tribunales, y que el Estado debe proporcionar asistencia jurídica gratuita a aquellos que no pueden costearla.
En el derecho internacional, el principio de justicia gratuita se consagra en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En la Convención Americana se establece que "toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley" (artículo 25.1).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado este principio de manera amplia, estableciendo que el derecho a un recurso efectivo implica el derecho a un recurso gratuito. En el caso Castañeda Gutman v. México (1998), la Corte señaló que "es inconcebible que se pretenda hacer efectivo el derecho a un recurso ante un tribunal, si ello supone un obstáculo insalvable para aquellos que carecen de los medios económicos necesarios para ello".
En el derecho internacional humanitario, el principio de justicia gratuita se consagra en el Convenio de Ginebra IV (1949), que establece que "los prisioneros de guerra disfrutarán de los beneficios de la asistencia judicial gratuita".
En muchos sistemas jurídicos nacionales, el principio de justicia gratuita se consagra en la Constitución. Por ejemplo, en España, el artículo 24.2 de la Constitución establece que "todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión".
En muchos países, la asistencia jurídica gratuita se regula por ley. Por ejemplo, en Argentina, el artículo 3 de la Ley 24.463 de Asistencia Jurídica Gratuita establece que "toda persona que no disponga de los recursos necesarios para afrontar los gastos que requiere el ejercicio de su defensa en un proceso judicial o administrativo, tiene derecho a ser asistida gratuitamente por un abogado".
En el derecho penal, el principio de justicia gratuita se consagra en diversos instrumentos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se establece que "toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se haya establecido su culpabilidad mediante sentencia firme pronunciada por un tribunal" (artículo 14.2).
En el derecho penal internacional, el principio de justicia gratuita se consagra en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que establece que "toda persona acusada de un crimen de guerra o de un crimen contra la humanidad tiene derecho a un recurso imparcial y efectivo ante un tribunal competente, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley" (artículo 67.1).