Ingreso mínimo vital es el nombre que se le da al dinero mensual que debe recibir una persona para poder cubrir sus necesidades básicas, según el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. En concreto, este importe mensual debe ser suficiente para pagar la vivienda, la comida, el transporte, la vestimenta, la salud y otros gastos indispensables.
El ingreso mínimo vital se estableció en España mediante la Ley 14/2018, de 5 de diciembre, de mediación social. Hasta entonces, no existía una garantía de ingreso mínimo para todas las personas en situación de vulnerabilidad económica y social. Esto quiere decir que, hasta la entrada en vigor de esta ley, no todas las personas tenían derecho a cobrar una pensión mínima, un subsidio por desempleo o una ayuda por enfermedad o invalidez.
La Ley 14/2018, de 5 de diciembre, de mediación social, regula el ingreso mínimo vital en el artículo 47. Este artículo establece que el ingreso mínimo vital será personal e incondicional. Asimismo, señala que el ingreso mínimo vital será compatible con otros ingresos que perciba la persona, como una pensión, un subsidio por desempleo o una ayuda por enfermedad o invalidez.
Por lo tanto, el ingreso mínimo vital no se podrá cobrar junto con otras prestaciones sociales, como el subsidio por desempleo o la pensión de jubilación. Si la persona percibe otra prestación social, el importe del ingreso mínimo vital se reducirá en la cuantía que le corresponda a esa otra prestación.
El ingreso mínimo vital se gestionará a través de la Seguridad Social, que será la encargada de abonar el importe a las personas beneficiarias. No obstante, el ingreso mínimo vital también se podrá cobrar a través de otros organismos, como las comunidades autónomas o los ayuntamientos.