La justicia gratuita es un beneficio que otorga el Estado a aquellas personas que no cuentan con los recursos suficientes para poder costear un abogado y/o una defensa adecuada. Este beneficio está regulado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y para poder acceder a él, se deben cumplir ciertos requisitos:
En el caso de que se cumplan todos los requisitos anteriores, el Juez de Instrucción designará un abogado de oficio para que lleve a cabo la defensa del imputado. No obstante, el imputado podrá elegir libremente a otro abogado particular, en cuyo caso deberá hacerse cargo de los gastos correspondientes.