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El ingreso mínimo vital es una prestación económica que tiene como objetivo garantizar un nivel mínimo de renta a aquellas personas que no disponen de los medios suficientes para hacer frente a sus gastos básicos de manutención. Se trata de una prestación no contributiva, es decir, que no se requiere haber cotizado previamente a la Seguridad Social para poder acceder a ella.
La cuantía de la prestación se fija en función de las unidades de convivencia que conformen el hogar. Así, por ejemplo, una persona que viva sola tendrá derecho a percibir el 100% de la cuantía establecida, mientras que si convive con otra persona, la prestación se dividirá entre ambos en partes iguales.
Para acceder al ingreso mínimo vital, los solicitantes deberán acreditar que no disponen de ingresos suficientes para hacer frente a sus necesidades básicas y que no tienen derecho a percibir otras prestaciones o ayudas que cubran esas mismas necesidades. Asimismo, deberán residir en España de forma continuada e ininterrumpida durante los últimos cinco años.
El ingreso mínimo vital será incompatible con la percepción de otras prestaciones o subsidios por el mismo concepto, salvo en aquellos casos en los que la cuantía de la prestación resulte inferior al importe mensual de la pensión por jubilación o invalidez a la que el beneficiario tenga derecho. En estos casos, se podrá percibir la diferencia entre ambas prestaciones.