El ingreso mínimo vital (IMV) es una prestación que se otorga a aquellas personas que no disponen de otros ingresos suficientes para mantener un nivel de vida digno. El IMV se estableció mediante la Ley 14/2018, de 5 de diciembre, de Protección Social Complementaria, y tiene como objetivo garantizar el derecho a una vida digna, así como mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en situación de pobreza. Se trata de una prestación no contributiva y no reembolsable que se otorga de forma periódica, y que se renueva automáticamente cada año. Para poder acceder a esta prestación, los beneficiarios deben cumplir una serie de requisitos:
Para solicitar el ingreso mínimo vital, los beneficiarios deben presentar una solicitud en el ayuntamiento de su municipio de residencia. La solicitud debe ir acompañada de una serie de documentos, como la tarjeta de residencia, el DNI o el pasaporte (en el caso de los ciudadanos extranjeros), un justificante de empadronamiento, un certificado de rentas y un justificante de ingresos.
Una vez solicitada la prestación, el ayuntamiento realizará una valoración de la situación del solicitante y, si lo considera oportuno, le otorgará el ingreso mínimo vital. En caso de que la solicitud sea denegada, el beneficiario podrá recurrir la decisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.