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La Ley de Ingreso Mínimo Vital (Ley IMV) fue aprobada en 2018 para garantizar una renta mínima a aquellas familias con hijos a cargo que no perciban otros ingresos. El importe mensual del ingreso mínimo vital es de 425 euros para las familias con un solo adulto a cargo, y 700 euros para las familias con dos o más adultos a cargo.
Desde su puesta en marcha, un total de 1,8 millones de familias han solicitado el ingreso mínimo vital. Sin embargo, muchas de ellas han experimentado retrasos en el pago del mismo.
En muchos casos, los atrasos se deben a trámites burocráticos por parte de las administraciones públicas. No obstante, también hay que tener en cuenta que el pago del ingreso mínimo vital está sujeto a la periodicidad de los pagos de la Seguridad Social. Esto significa que, si la familia percibe el subsidio por desempleo o la prestación por invalidez, el ingreso mínimo vital se abonará con la misma frecuencia.
En cualquier caso, el retraso en el pago del ingreso mínimo vital puede suponer un grave problema para las familias que lo perciben, ya que muchas de ellas dependen de este subsidio para afrontar sus gastos mensuales.
Por ello, si has solicitado el ingreso mínimo vital y no has recibido el pago en el plazo establecido, lo más recomendable es que te pongas en contacto con la administración competente para solicitar información sobre el estado de tu solicitud.