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El derecho de autodeterminación de los pueblos es un derecho humano fundamental consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y, más tarde, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Según estos instrumentos, todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación, y a disfrutar de un gobierno propio y de un territorio en el que vivir de acuerdo con su voluntad y su propia identidad.
Este derecho implica el libre ejercicio del poder de decisión de un pueblo sobre su propio futuro, sin interferencias externas. Así, un pueblo puede decidir libremente su forma de gobierno, su sistema económico y social, y su relación con otros pueblos y Estados. También puede decidir cambiar de forma de gobierno o de sistema económico y social, si así lo desea.
Para que se pueda hablar de derecho a la autodeterminación, es necesario que se cumplan ciertos requisitos:
Que el pueblo al que se refiere el derecho sea un pueblo en el sentido político del término. Es decir, que se trate de un grupo humano que tenga una conciencia común de pertenecer a una colectividad y que aspire a vivir en un territorio determinado bajo un régimen político propio.
Que el pueblo tenga capacidad de decisión. Esto significa que el pueblo debe tener la voluntad y los medios para tomar decisiones libremente, sin coacción ni manipulación externas.
Que el pueblo tenga derecho a existir. Esto significa que el pueblo debe tener el derecho a conservar su existencia como tal, y a no ser sometido a exterminio o deportación forzada.