La Ley de Enjuiciamiento Civil establece el derecho a la justicia gratuita para aquellas personas que no dispongan de recursos suficientes para hacer frente a los gastos derivados de un procedimiento judicial. No obstante, este derecho no es absoluto y debe acreditarse mediante una declaración responsable en la que se indique que no se dispone de los medios económicos necesarios para hacer frente a los gastos del procedimiento. Esta declaración responsable debe ser jurada y se presentará en el momento de interponer la demanda o, en su caso, en cualquier momento posterior del procedimiento. En ella se deberán especificar los bienes y derechos que se poseen, así como los ingresos y gastos que se realizan mensualmente. Asimismo, se deberá hacer constar que no se dispone de recursos suficientes para hacer frente a los gastos que se deriven del procedimiento judicial.
La solicitud de justicia gratuita debe ser motivada y fundada, es decir, debe concretar los gastos que no se pueden afrontar y las razones por las que se solicita. No obstante, en determinados supuestos, el juez podrá exigir al solicitante que justifique su solicitud mediante documentación que acredite su situación económica. En todo caso, será el juez quien decida si otorga o no la justicia gratuita, atendiendo a las circunstancias del caso y a la solicitud de la parte.