Los actos administrativos se rigen por una serie de requisitos que deben cumplirse para que sean considerados válidos. En primer lugar, el acto administrativo debe ser emitido por una autoridad competente, es decir, aquella que está investida del poder para dictar esa clase de actos. Además, el acto administrativo debe ser motivado, es decir, debe haber una justificación razonable para que se dictamine una determinada medida. Asimismo, el acto administrativo debe ser congruente con la finalidad que se persigue y debe ser adecuado para lograr ese objetivo. Por último, el acto administrativo debe ser emitido en el marco de las competencias que la ley otorga a la autoridad que lo dicta.
En resumen, para que un acto administrativo sea válido debe ser dictado por una autoridad competente, motivado, congruente y adecuado. Si uno de estos requisitos no se cumple, el acto administrativo puede ser anulado por los órganos de control correspondientes.